Los límites del combate frontal a cárteles y pandillas en América Latina

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En la presente semana, Ecuador se sumó a la lucha contra los cárteles y pandillas, luego de que El Salvador iniciara este proceso. Si bien en Colombia y México se han implementado estrategias para combatir estos grupos, han surgido consecuencias negativas que se buscan remediar.

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Foto FRANCE 24

Ante la evasión de líderes delictivos convictos y el secuestro de trabajadores carcelarios, Ecuador, con el respaldo de Estados Unidos, tomó medidas al declarar un "conflicto armado interno" contra 22 grupos identificados como "terroristas". La decisión implica un toque de queda y la movilización de aproximadamente 22.400 soldados.

Mathew Charles, miembro del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, explica a la AFP que los gobiernos suelen responder así debido a su deseo de encontrar soluciones rápidas.

Según el grupo de expertos Insight Crime, desde su periodo de campaña, el presidente Daniel Noboa ha expresado su apoyo a la militarización como respuesta al homicidio de un aspirante a la presidencia.

A principios de enero, el líder de 36 años comunicó la construcción de dos centros penitenciarios de alta seguridad, inspirados en el estilo mexicano y, en particular, en el modelo salvadoreño.

A pesar de tener una población y extensión territorial reducida, El Salvador se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la violencia de las pandillas. Sin embargo, actualmente busca posicionarse como un modelo en cuanto a seguridad se refiere.

Bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, un estado de emergencia controvertido ha llevado a la detención de más de 73,000 individuos sospechosos de delitos, una medida que ha sido cuestionada por los defensores de derechos humanos. Por su parte, se han concedido libertades a unas 7,000 personas que resultaron inocentes.

El presidente afirma que en 2023 la tasa de asesinatos se ubicó en 2,4 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja de los últimos 30 años, en comparación a los 83 por cada 100.000 registrados en 2017, previo a su nombramiento como líder del gobierno.

En mayo, el grupo International Crisis indicó que otros países, entre ellos Honduras, tienen el deseo de imitar el modelo de seguridad que se está utilizando en El Salvador.

Según el grupo de expertos Insight Crime, la lucha contra las pandillas delictivas en Ecuador no cuenta con un plan de escape establecido.

Charles señala que es claro que adoptar un enfoque estricto y autoritario solamente tiene efectos a corto plazo, por lo que se requieren medidas que consideren el futuro a través de la inversión en políticas sociales.

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Foto FRANCE 24

El especialista agrega que los delincuentes "siempre poseen armamento" y "actúan con mayor brutalidad". "Encarcelar a los individuos no es la solución, ya que en las prisiones sucede que son los grupos los que lideran y tienen el poder", afirma.

En Colombia y México, los líderes políticos Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, ambos de ideología de izquierda, pretenden modificar el rumbo de sus respectivos países.

El mandatario colombiano expresó en la plataforma X (anteriormente llamada Twitter) esta semana que la creciente influencia de poderosas organizaciones internacionales en América se debe a una política equivocada en cuanto a las drogas. Esto sucedió luego de que los Estados Unidos ofrecieran su "ayuda" a Ecuador.

En un informe del gobierno colombiano acerca de las plantaciones de hoja de coca en 2022, se indica que, aún habiéndose realizado grandes esfuerzos durante más de cincuenta años en la lucha contra las drogas, no se han alcanzado los objetivos planteados.

A pesar de contar con el respaldo militar de los Estados Unidos, Colombia ocupa el primer lugar a nivel global en la producción de cocaína, alcanzando al menos 1.738 toneladas en el año 2022, de acuerdo a los datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Petro, quien fue elegido en el año 2022, propone que los países de Latinoamérica implementen políticas sólidas para fomentar el empoderamiento de la juventud.

"Planificación De Objetivos A Largo Plazo"

En México, se ha decidido pasar la página de la "guerra contra las drogas", iniciada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Durante este periodo, ha habido más de 420.000 homicidios y numerosas personas desaparecidas.

Según el experto en seguridad de la universidad Iberoamericana de México, Erubiel Tirado, el intento de capturar a los líderes de los cárteles ha propiciado su reemplazo por individuos más jóvenes, más agresivos y, en algunas ocasiones, carentes de percepción estratégica.

En julio de 2022, López Obrador describió la campaña en contra de la delincuencia que inició Calderón como un acto criminal.

Además, mencionó que la respuesta a la violencia no puede ser más violencia. En lugar de ello, su administración buscará abordar las causas del problema a través de la implementación de programas sociales que se enfocarán en la juventud y las comunidades campesinas, con el objetivo de reducir tanto la inmigración como el tráfico de drogas.

Durante su gobierno se estableció un nuevo grupo de fuerzas armadas (la Guardia Nacional) para reemplazar a la anterior policía federal. Durante esta época, diversos líderes del tráfico de drogas fueron sometidos a detención, incluyendo uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, conocido como "el Chapo", quien fue posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde su padre se encuentra cumpliendo condena en prisión.

El presidente resumió en julio de 2022 que se arrestan delincuentes diariamente, y en situaciones donde no existen alternativas, se presentan choques.

La violencia en México continúa sin cesar: aunque disminuyó en comparación con el récord de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrados entre 2018 y 2020, en 2022 aún se cuenta con una cifra preocupante de 25/100.000.

Según el especialista Mathew Charles, América Latina se ve afectada por la "corrupción" y la desigualdad social. Él recomienda la implementación de un "programa extenso de seguridad, combinado con medidas anticorrupción e inversión en lo social", con una perspectiva a largo plazo.

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