Pensión de María Amparo Casar no procedía: muerte de su esposo no fue accidente: Pemex

El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, catalogó como acto corrupto el hecho de que María Amparo Casar, quien preside la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad creada por el empresario opositor a la 4T Claudio X González Guajardo, haya recibido una pensión vitalicia durante 20 años.

Durante la rueda de prensa presidencial del 6 de mayo, el servidor público hizo mención de que la excoordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Fox empezó a recibir su pensión cuando su cónyuge se quitó la vida el 7 de octubre de 2004 en la Torre Ejecutiva de Pemex.

Cuando un trabajador de Petróleos Mexicanos fallece mientras realiza su trabajo y esto se considera un accidente, se otorgan una serie de beneficios, tales como el pago del seguro, y en caso de ser necesario, se otorga una pensión. Sin embargo, si el trabajador decide atentar contra su propia vida, no se tendrá derecho a recibir una pensión ni tampoco se recibirá el pago del seguro de vida correspondiente.

Romero Oropeza habló acerca de los hechos ocurridos durante el mandato de Vicente Fox y mencionó que Carlos Fernando Márquez Padilla García se incorporó como coordinador de asesores del director de Administración de Petróleos Mexicanos el 1 de junio de 2004, cuando la empresa era dirigida por Raúl Muñoz Leos, quien fue depuesto ese mismo año debido a un caso de corrupción. Por su parte, en aquel momento la señora Casar desempeñaba el cargo de coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda.

Durante su informe, el líder de la empresa de petróleo mencionó que en el día 24 del mes en cuestión, le fue otorgado un préstamo de 447 mil pesos mediante un crédito sobre su sueldo. Además, el día 30 del mismo mes, recibió otro préstamo por un monto de 268 mil pesos con el fin de comprar un vehículo, habiendo pasado menos de un mes desde su llegada a la compañía.

Romero Oropeza comunicó que el cónyuge de Casar Pérez se quitó la vida en fecha 7 de octubre del año 2004. En un lapso breve, acudieron allegados a las instalaciones de Pemex: el familiar Fernando Márquez Padilla García, y los cuñados Juan Rebolledo Gout y José Ignacio Casar Pérez (hermano de María Amparo Casar), quienes estuvieron al tanto de todos los pormenores.

El funcionario dijo que, luego del fallecimiento del señor el 7 de octubre, el día siguiente el agente del Ministerio Público informó que se trató de un suicidio. A pesar de que inicialmente se investigó como un homicidio, la evidencia del peritaje indicó la posibilidad de un suicidio, dando lugar a una investigación de cuatro o cinco meses. En febrero de 2005, la Fiscalía concluyó que no hubo homicidio y que el señor había tomado su propia vida cinco meses después de su fallecimiento.

El jefe de Pemex destacó otro hecho crucial para entender esta historia: "Es importante mencionar que la Sra. Casar solicitó la pensión y el pago del seguro el día 15 de octubre, justo 8 días después de la muerte de su esposo el 7 de octubre. Lo sorprendente es que en aquel tiempo los funcionarios de Petróleos Mexicanos le pagaron su primer cheque de pensión el día 29 de octubre, apenas 3 semanas después. Es algo insólito, en un mes y 10 días después de su esposo fallecer, ella ya había recibido su primer cheque de pensión. Y el 19 de noviembre, poco más de un mes después, recibió el pago del seguro".

Explicó que respecto a las pensiones, María Amparo Casar ha recibido 31 millones de pesos hasta febrero de 2024, con un pago mensual de 125 mil pesos. A su vez, se le entregó una suma de 17 millones 600 mil pesos por concepto de seguro antes de la finalización de la investigación.

Los funcionarios anteriores en Petróleos Mexicanos deberían haber esperado a que se completara la investigación para determinar exactamente lo que causó la muerte del individuo. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que le brindaron facilidades y le pagaron inmediatamente al perito que encontró evidencia de un posible suicidio al día siguiente. Como resultado, el expediente se cerró con la conclusión de que la persona se quitó la vida, lo que significa que ni la pensión ni el seguro corresponden.