Capital Humano denuncia que el Poder Judicial "interfiere" en las políticas públicas
Este jueves, el juez Sebastián Casanello dio la orden de llevar a cabo un allanamiento en las oficinas de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano con el fin de incautar documentación y computadoras que contengan información sobre la distribución de productos. Esta medida se enmarca en la cautelar emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, la cual exige que el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello distribuya las 6 mil toneladas de alimentos retenidas en los almacenes.
El líder social Juan Grabois reveló la información, y pidió que se realice una investigación judicial al respecto. A través de su perfil en una red social, el dirigente del Frente Patria Grande expresó: "Se emitió una nueva sentencia en contra de Sandra Pettovello, una persona que de forma repetida incumple sus obligaciones, dejando a los niños sin comida y escondiendo pruebas. Continúan jugando con el hambre de los más pequeños y cometiendo delitos impunemente".
Por un lado, el juez Casanello pidió una copia de seguridad del ordenador asignado al jefe de Logística, Pablo Berardi, junto con todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo de este año. También se solicitó los informes diarios del personal de los almacenes de Villa Martelli y Tafí Viejo, detallando el stock, ingresos, salidas y la condición de los alimentos, incluyendo alertas sobre la caducidad de los productos, a partir del 27 de mayo. Por último, se exigió la entrega de los registros de los movimientos de alimentos desde la mencionada fecha hasta la actualidad.
Ante la solicitud de allanamiento, el Ministerio de Recursos Humanos emitió un comunicado acusando al Poder Judicial de interferir en las políticas públicas. A través de su cuenta en redes sociales, la cartera liderada por Sandra Pettovello informó que se han proporcionado los elementos requeridos por el juez Casanello y resaltó que, desde que asumió Javier Milei, se ha mantenido una clara transparencia en la comunicación de las acciones realizadas. Además, subrayaron que la prioridad es brindar asistencia directa a las personas para eliminar la intermediación en las políticas sociales.
También señalaron que el Ministerio está llevando a cabo correctamente el plan de distribución de alimentos en el plazo establecido y que han presentado una apelación ante la Corte Suprema para proteger la separación de poderes. Afirmaron que el poder judicial no debe entrometerse en la elaboración y ejecución de políticas públicas que son responsabilidad del poder ejecutivo.
La medida se ha dado a conocer tras una nueva controversia surgida la semana pasada, después de la denuncia de Capital Humano sobre la presunta falta de calidad y de controles sanitarios en relación con 12 mil toneladas de yerba compradas por la administración anterior. El problema para el ministerio liderado por Pettovello surgió el viernes pasado, cuando, por orden del juez Ariel Lijo, se llevó a cabo una inspección en el almacén de Villa Martelli y se habría encontrado heces de gato en la mercancía y un fuerte olor a orina alrededor de los productos.
Además, el magistrado del juzgado administrativo Walter Lara Correa ha ordenado al Ministerio que aclare, en un plazo de cinco a diez días, cómo está garantizando el derecho a la alimentación de las personas que acuden a los comedores y merenderos comunitarios, en cumplimiento de una medida provisional emitida el 12 de julio. A pesar de lo que afirma el Ministerio sobre estar implementando programas alimentarios, más de 160 comedores comunitarios y un conjunto de organizaciones sociales incluidas en la acción colectiva aseguran que continúan sin recibir ni alimentos ni recursos desde diciembre.
