Evo Morales se refugia en su bastión cocalero frente a la orden de arresto por presunto abuso de menores

Miles de agricultores del Chapare, la base y refugio de Evo Morales, han tomado las calles para realizar vigilias con el objetivo de disuadir a la policía de ejecutar la orden de arresto que pesa sobre el expresidente de Bolivia. En las dos entradas de la carretera que conduce a Villa Tunari, la pequeña localidad situada en la región de cultivos de coca donde reside Morales, sus compañeros de numerosas luchas sociales y políticas han instalado campamentos. “El bloqueo de caminos comenzará si se emite alguna orden de arresto. Los puntos de bloqueo están preparados”, afirmó uno de los líderes a la televisión. Anteriormente, este grupo había advertido que “incendiaría el país” si las autoridades procedían a detener al dirigente cocalero.

Evo Morales está siendo objeto de una investigación por parte de la fiscalía por “estupro agravado y trata de personas”, ya que supuestamente tuvo una hija en 2016 con una joven de 15 años a cambio de favores políticos para los progenitores de la menor. Tenía que presentarse a declarar el 10 de octubre, pero no lo hizo, argumentando “falta de garantías”, por lo que el siguiente paso en el proceso podría ser su arresto. Actualmente, se encuentra refugiado en el Chapare mientras sus abogados buscan estrategias legales para disminuir la presión en su contra. Morales ha afirmado que el gobierno del “traidor” Luis Arce “está llevando a cabo un proceso penal forzado” porque su popularidad ha caído en las encuestas, al tiempo que él figura como el preferido en los sondeos para las elecciones de 2025. “Están inventando acusaciones, distorsionando las leyes y con la ayuda de cómplices en el sistema judicial intentan detenernos y acabar con nuestras vidas. Su objetivo es desmantelar el movimiento popular boliviano”, escribió en X.

Reabriendo un caso que se consideraba cerrado y que fue instrumentalizado por el régimen de facto de Añez, el gobierno de Luis Arce está impulsando un juicio penal, en contravención de las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional. Fabricando cargos, distorsionando las normativas y con la colaboración de… pic.twitter.com/GUofdXlDiB

Las autoridades policiales han informado sobre la detención del padre de la joven que la fiscalía ha identificado como la menor que en 2016 fue "entregada" por sus padres al entonces presidente, a cambio de cargos secundarios en el gobierno. Esta captura se produjo porque el padre no se presentó a declarar, a pesar de que la comisión del Ministerio Público encargada de la investigación en Tarija, donde residen la supuesta víctima y su familia, se lo había solicitado. Según Jorge Pérez, abogado de Morales, el caso "nació muerto", ya que no existen denuncias ni por parte de la presunta víctima ni de su círculo cercano.

La fiscalía liderada por Sandra Gutiérrez ha reactivado a finales de septiembre una acusación que ya había sido presentada por opositores a Morales en 2019, aunque otro fiscal decidió no proceder con la investigación en ese momento. En esa ocasión, quienes promovían la denuncia pertenecían a un grupo político totalmente distinto; eran miembros del equipo de seguridad del Gabinete de Jeanine Añez, establecido tras el derrocamiento del presidente indígena. Ahora, quienes están detrás de esta acción legal forman parte del Gabinete de Arce y son simpatizantes del mismo partido que Morales fundó en los años noventa. Según los seguidores de Evo Morales, Gutiérrez, quien fue ministra durante sus gobiernos, está actuando bajo instrucciones del actual Gobierno.

La lucha interna dentro del MAS ha llegado a este punto tras dos años de enfrentamientos verbales y disputas por el control del partido. La tensión se incrementó con el anuncio del presidente Arce de realizar un referendo para validar a través del voto popular una interpretación polémica de la Constitución hecha por el Tribunal Constitucional, que es visto como afín al oficialismo, y que descalifica a Morales para presentarse nuevamente como candidato a la presidencia. Después de que se propusiera el proyecto de referendo, que aún no se ha concretado, el ex presidente organizó una marcha en protesta contra la crisis económica y a favor de su candidatura, durante la cual los líderes cercanos a Evo no ocultaron su deseo de que Arce dimitiera. Pocos días después de esta manifestación, varios actores asociados al gobierno iniciaron casi al mismo tiempo cuatro procedimientos legales en contra de Morales.

La indagación por abuso es la más seria, ya que las autoridades la han vinculado con el crimen de trata de personas o incitación a la prostitución, los cuales conllevan sanciones severas y facultan a la fiscalía para actuar de manera directa, sin requerir la intervención de la víctima. Además, se trata de un proceso complicado por el historial personal del expresidente, quien ha sido vinculado en repetidas ocasiones con adolescentes.

En respuesta, un destacado legislador del evismo ha mostrado a los medios a una mujer que afirma haber mantenido una relación amorosa de seis meses con el presidente Arce, durante la cual habría sufrido abusos sexuales y recibido compensaciones económicas a cambio. El mandatario no ha hecho declaraciones al respecto, mientras que varios portavoces del gobierno han comenzado a poner en duda la veracidad de las acusaciones de la denunciante.

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