Dialogar con narcos para pacificar al país: esto opinaron diversos legisladores de los partidos
Morena, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano rechazan la propuesta; sostienen que el gobierno debe fortalecer la seguridad y llevar a los criminales ante la justicia. | Fuente: X, @LillyTellez
La nueva iniciativa del diputado de Morena, Manuel Espino, que busca establecer una Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación para conversar con organizaciones delictivas ha suscitado un contundente rechazo entre legisladores de diversas fuerzas políticas, como Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
La propuesta tiene como objetivo fomentar la conversación como un medio para lograr la paz en el país, aunque ha sido calificada como inadecuada e impracticable por sus opositores. Los legisladores sostienen que el gobierno debería fortalecer la seguridad y llevar a los criminales ante los tribunales. A pesar de las objeciones, Manuel Espino respalda su propuesta como una forma de alcanzar la paz, aunque enfrenta una fuerte oposición política.
Desde el mismo encuentro de Espino, senadores como Pavel Jarero Velázquez (Morena) manifestaron su oposición a la iniciativa, destacando que negociar con el crimen organizado es inaceptable.
En una conversación con el diario El Universal, comentó que, en lugar de crear una comisión con ese propósito, es necesario aumentar la presencia de las fuerzas federales en las áreas más impactadas por la violencia y concentrar los esfuerzos en la investigación y el manejo de estas prácticas delictivas.
Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca, apoyó esta posición, recordando que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente en su enfoque de seguridad, centrado en la prevención y en abordar las raíces de la violencia, sin entablar diálogos con los criminales. "Los delincuentes están al margen de la ley y deben ser sometidos a la justicia", declaró.
La oposición también respondió de manera enérgica. Lilly Téllez, senadora del PAN, se destacó entre las voces más críticas al calificar a Espino como “portavoz de los delincuentes”. Además, sostuvo que “con los narcotraficantes no se negocia, se les arresta y se les lleva ante la justicia”. Estas afirmaciones evidencian una actitud de cero tolerancia hacia el crimen organizado, una postura respaldada por numerosos legisladores.
Gustavo de Hoyos, legislador por Movimiento Ciudadano, manifestó su desacuerdo de manera firme, calificando la iniciativa como “completamente impracticable”. Sostuvo que el Estado no debe rendirse ante el crimen organizado y que, en lugar de eso, es necesaria una política de seguridad holística que contemple una mayor cooperación internacional, dado el carácter transnacional de estas organizaciones criminales.
Los legisladores hicieron hincapié en los peligros que conlleva establecer un diálogo con el crimen organizado. Claudia Anaya, senadora del PRI, puso en duda la lógica de la propuesta de Espino, cuestionando si en realidad los delincuentes tendrían interés en renunciar a su modo de vida.
Asimismo, recordó que el Código de Procedimientos Penales ya contempla algunos mecanismos de resolución en situaciones particulares, por lo que no considera necesario un diálogo tan arriesgado.
Federico Döring, legislador del PAN, expresó su decepción porque, mientras la presidenta Sheinbaum se niega a dialogar con la Suprema Corte de Justicia, su partido busca establecer un diálogo con organizaciones delictivas. El diputado Héctor Saúl Téllez también se unió a las críticas, señalando que la iniciativa de Espino perjudica la estrategia de seguridad del gobierno federal y representa un reconocimiento tácito del fracaso en la lucha contra el crimen organizado en los últimos años.
A pesar de las objeciones, Manuel Espino ha respaldado su planteamiento, argumentando que la comunicación es fundamental para alcanzar la paz en la nación. En una charla con el periódico El Universal, el diputado de Morena afirmó que sin comunicación no existe la oportunidad de restablecer la tranquilidad en las comunidades impactadas por la violencia.
Espino sugiere establecer un comité especial en la Cámara de Diputados para investigar esta opción, sin embargo, la carencia de respaldo político dificulta el avance de su propuesta.
El amplio rechazo a la propuesta de Manuel Espino manifiesta el acuerdo político sobre la imposibilidad de entablar un diálogo con las organizaciones criminales en México. Los legisladores de distintos partidos enfatizan la urgencia de enfrentar al crimen organizado mediante estrategias centradas en la seguridad y la consolidación de las instituciones, sin considerar ningún intento de negociación con estos grupos.
