La masacre de Querétaro echa gasolina a la crisis de violencia en el arranque del Gobierno de Sheinbaum

Una nueva tragedia ha sacudido a México. Un grupo armado irrumpió en el bar Los Cantaritos de Querétaro y disparó contra varias personas el sábado por la noche. El ataque tuvo una duración de menos de dos minutos, pero dejó al menos 10 muertos y 13 heridos, de los cuales dos se encuentran en estado grave, según informaron las autoridades. Esta masacre ha reavivado los cuestionamientos sobre la creciente ola de violencia que afecta al país al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ha penetrado en el ámbito político, siendo utilizada por la oposición para exigir resultados y un endurecimiento de la nueva estrategia de seguridad presentada el 8 de octubre, solo una semana después de la toma de posesión. La presidenta decidió llevar a cabo una gira de trabajo en el estado norteño de Zacatecas, uno de los puntos críticos de inseguridad, y no emitió declaraciones durante las horas siguientes al ataque.

“Se aplicará un castigo a quienes sean responsables de este acto atroz”, aseguró el gobernador Mauricio Kuri, perteneciente al opositor Partido Acción Nacional (PAN). El ataque en Querétaro, un estado que generalmente no se considera entre los más peligrosos, ha incrementado las inquietudes por su violencia y el riesgo de que se pueda replicar el fenómeno desde Guanajuato, su vecino, que es la entidad con mayor número de homicidios en México en lo que va del año, registrando 1.863 expedientes de investigación hasta finales de septiembre. “No permitiremos que nos contagiemos de lo que ocurre en otras regiones”, expresó el miembro del PAN.

A solo 200 kilómetros de la ciudad capital, Querétaro se presenta como un punto crucial en el panorama delictivo de México, según indica el analista David Saucedo. Limita al oeste con Guanajuato, que ha estado en conflicto durante casi cinco años entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, una poderosa organización regional, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las fuerzas criminales más temidas del mundo. Saucedo menciona que Querétaro sirve como retaguardia para Santa Rosa de Lima, siendo el lugar donde se reubican tras los enfrentamientos, reabastecen recursos y concentran gran parte de su poder. El Cártel Jalisco tiene una fuerte presencia en Guanajuato y el Estado de México, que está adyacente a la capital, y Querétaro facilitaría la conexión de esos territorios. Además, existen al menos otras dos células significativas en la zona: La Familia Michoacana y grupos locales que se especializan en el contrabando de combustible.

Las autoridades aún no han identificado a ningún cártel ni han aclarado el motivo detrás del ataque, aunque han informado sobre la detención de una persona. Saucedo presenta tres posibles explicaciones, todas relacionadas con la lucha entre cárteles. La primera opción es el llamado "cobro de piso", que se refiere a las extorsiones que el crimen organizado impone a los negocios para permitirles operar. La segunda hipótesis sugiere que podría tratarse de un ataque a un punto de venta de drogas de un grupo competidor, aunque no se han encontrado evidencias de la presencia de estupefacientes en el lugar del crimen. Por último, se considera la posibilidad de que alguno de los cárteles haya decidido "calentar la plaza", es decir, desestabilizar las áreas controladas por sus rivales. El ángulo de disparo de los agresores y los videos que muestran ráfagas dirigidas a los comensales hacen que el experto dude de que se trate de un ataque dirigido, y sugieren más bien un atentado contra la población civil con el objetivo de sembrar el pánico.

La oposición no tardó en ejercer presión sobre el Gobierno de Sheinbaum tras el ataque. “Es urgente implementar la nueva estrategia de seguridad que fue anunciada hace un mes”, declaró la excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. La exaspirante afirmó que la política de atención a las causas propuesta por Andrés Manuel López Obrador, conocida como “abrazos no balazos”, no es suficiente para detener la violencia y urgió a su contrincante en las elecciones a cumplir con la promesa de fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano. “La inseguridad nos está superando y la narrativa de culpar a un Gobierno que ya no está en funciones ha quedado obsoleta”, comentó Gálvez.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también criticó al gobierno actual. Alejandro Alito Moreno, su líder, destacó que "es una tragedia que revela la incapacidad de las autoridades para asegurar la seguridad". Rubén Moreira, su representante en la Cámara de Diputados, se unió a la condena de los acontecimientos violentos. "La indiferencia es un regalo para los delincuentes", expresó el legislador. Las protestas se enfocan en las escenas de brutalidad que han emergido en las últimas semanas: la detonación de dos coches bomba en Guanajuato, la decapitación del alcalde de Chilpancingo en Guerrero, el descubrimiento de 11 cuerpos en el interior de una camioneta en esa misma ciudad, y la lucha interna del Cartel de Sinaloa, que ha resultado en cerca de 320 homicidios en Sinaloa. Kuri, como gobernador y a la vez opositor, hizo un llamado a la unidad. "A aquellos que han utilizado estos incidentes para propósitos políticos, les pido que no es momento de perjudicar a ningún partido", comentó, añadiendo que mantiene una comunicación constante con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Sheinbaum.

"Cuando ocurren incidentes de violencia e inseguridad, los medios de comunicación se saturan con estas noticias, pero rara vez se reconoce el esfuerzo serio, constante y disciplinado que se realiza", afirmó Sheinbaum desde Zacatecas, al señalar que es el estado donde más ha disminuido la tasa de homicidios. Durante la semana, la jefa de gobierno también criticó al líder del PAN, Marko Cortés, quien impulsa la clasificación del delito de "narcoterrorismo". "No sé si calificarlo de ridículo o directamente llamarlo traidor a la patria, porque no hay una explicación intermedia", hizo hincapié la presidenta.

La victoria de Donald Trump ha provocado inquietud en México debido a la expectativa de nuevas presiones en materia de seguridad. A lo largo de los años, Trump ha amenazado con clasificar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, con el objetivo de justificar, bajo la legislación estadounidense y en contravención del Derecho Internacional, intervenciones y operaciones militares en suelo mexicano. La oposición mexicana, relegada a un segundo plano político tras su derrota electoral, ha considerado la posibilidad de calificar la violencia como “terrorismo” para recuperar protagonismo, aunque esto implique una postura arriesgada para el país. “Está invocando la intervención extranjera”, concluyó Sheinbaum. El nuevo gobierno es consciente de que no puede permitirse ningún error frente a Trump, quien regresa a la Casa Blanca con mayor poder y recursos para llevar a cabo sus amenazas.

La tragedia en Querétaro no solo representa otra manifestación de los días de violencia que se padecen en México, sino que también refleja las posturas políticas frente a la crisis de inseguridad. Por un lado, el PAN y el PRI intentan aprovechar la situación violenta que ha marcado el nuevo ciclo político en el país. Por otro lado, el Gobierno de Morena tiende a restar importancia a los acontecimientos y a acusar a sus opositores de realizar campañas de desprestigio. En esta ocasión, las exigencias de la oposición chocaron con un muro de silencio por parte del oficialismo. No obstante, los mayores estruendos provienen del crimen organizado. En un país que siente haberlo presenciado todo en más de 20 años de lucha contra las drogas, el narcotráfico emerge cada semana con ataques, asesinatos y atentados ―cada uno más cruel que el anterior― para enviar mensajes a sus enemigos, intimidar a las autoridades y generar miedo en la población.

La narcoviolencia no es un fenómeno fortuito. Ha evolucionado y tiene un propósito que ha traspasado todos los límites. A tan solo 40 días de la llegada de Sheinbaum al poder, se ha convertido en el principal desafío para su administración. Erosiona la confianza de la ciudadanía, contamina el ámbito político, siembra el desorden en extensas áreas del país, tensiona la relación con Estados Unidos y le cuesta a la nación aproximadamente el 20% de su PIB, equivalentes a 245.000 millones de dólares, según el Instituto para la Economía y la Paz. Además, arruina vidas: al menos 10 personas han fallecido tras la peor tragedia registrada en Querétaro en tiempos recientes.