AMLO: 3 claves para entender qué cambia con la polémica reforma judicial impulsada por el presidente al final de su mandato en México
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La polémica transformación del sistema judicial en México, que se considera la modificación más significativa en los últimos 30 años, está a punto de concretarse.
Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados, donde el gobierno cuenta con una mayoría calificada que le permite hacer cambios en la Constitución sin obstáculos, después de su triunfo en las elecciones de junio.
En los días venideros, se debatirá en el Senado, donde el partido en el poder está a punto de obtener la mayoría de dos tercios en el Congreso.
La reforma es vista como una pieza clave en la herencia que Andrés Manuel López Obrador dejará. El 1 de octubre concluirá su periodo y pasará la estafeta a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El plan ha recibido fuertes críticas por parte de la oposición y de expertos en la materia. Se aprobó mientras miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial llevaban a cabo un paro sin precedentes.
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Los parlamentarios tuvieron que emitir su voto sobre la propuesta en un lugar distinto al recinto legislativo, debido a que fue bloqueado por los manifestantes que rechazan el proyecto por considerar que perjudica la autonomía del cuerpo legislativo y debilita el sistema democrático.
En febrero, se presentó la propuesta de reforma en el Congreso, en un momento en que la coalición gobernante, Morena, aún no tenía los votos suficientes para su aprobación.
Sin embargo, una vez que el nuevo Congreso comenzó a operar, no hubo ningún impedimento para que la iniciativa fuera aprobada.
A pesar de que en el Senado Morena no cuenta con la misma cantidad de votos que en la Cámara de Diputados, parece ser sencillo negociar para obtener apoyo.
Aquí te traemos tres claves para comprender los cambios que trae consigo esta importante reforma al sistema judicial de México.
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La Esencia Del Artículo
Una de las modificaciones más debatidas y originales de la reforma es la elección mediante voto popular de los magistrados y jueces del sistema federal, que suman cerca de 2.000 individuos, a partir del año próximo.
Se sugiere que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial elaboren listas de posibles candidatos para que la población pueda votar por ellos.
Según el texto, cada dos años se procederá a elegir al presidente de la Suprema Corte de forma rotativa, dependiendo de la cantidad de votos que reciba cada candidato durante la elección.
Dentro del sistema vigente, los jueces de la Corte Suprema (denominados así los 11 magistrados que la conforman) se encargan de designar a su líder. Posteriormente, su elección queda sujeta a votación en el Congreso y a la nominación por parte del presidente de la nación.
La propuesta de ley contempla acortar los períodos de ejercicio de los jueces y ministros, así como disminuir el número de magistrados en la Corte Suprema y el Tribunal Electoral.
Además, se prevén dos oportunidades para elegir a nuevos miembros del Poder Judicial. La primera elección será en junio de 2025 de manera extraordinaria, mientras que la siguiente será en 2027.
La propuesta también incluye la eliminación de la pensión de por vida para los actuales y futuros jueces de la Corte, así como un ajuste a sus salarios para que no excedan el límite máximo establecido para el Presidente.
Además, se establece la creación de un órgano disciplinario y otro administrativo para el Poder Judicial, que funcionarán de forma independiente a la Corte Suprema. Estos estarán encargados de asuntos vinculados a la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto.
El flamante Consejo de Administración Judicial estará conformado por cinco individuos seleccionados para un mandato de seis años. Uno de ellos será designado por el Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes por la Suprema Corte.
Se está llevando a cabo una modificación en el Poder Judicial federal, sin embargo, no abarca todo el sistema de justicia, ya que no impacta en los sistemas locales ni en las fiscalías, que gestionan la mayoría (80%, según datos oficiales) de los casos en México.
Por lo tanto, expertos sugieren que es necesario llevar a cabo una revisión enfocada en promover modificaciones a nivel regional, ya que es en estos lugares donde se presentan la mayoría de los actos de corrupción en el sistema judicial.
"La Polémica En Cuestión"
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Los críticos de la enmienda argumentan que elegir a los jueces a través de un voto directo en las elecciones hará que la justicia se vea influenciada por cuestiones políticas.
En resumen, en lugar de fortalecer la autonomía y la claridad de los jueces, la modificación llevará a una designación basada en intereses políticos de los aspirantes, descartando la experiencia profesional y los ascensos por mérito.
Una crítica frecuente es que la selección de candidatos beneficiará a aquellos que tienen contactos, recursos económicos o simpatizan con el partido en el poder.
Además existe preocupación por la posibilidad de que la reforma permita que grupos delictivos financien candidaturas o se aprovechen de jueces inexpertos (aunque en realidad, esto ya sucede en gran medida).
En una misiva dirigida al Congreso, jueces y magistrados señalaron que la reforma judicial no cumple con lo establecido en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en relación con la creación y mantenimiento de "tribunales imparciales para resolver disputas laborales".
La discusión interna se intensificó con la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, la cual señaló que la propuesta representaba un peligro para la democracia y podría poner en riesgo el acuerdo comercial vigente entre los tres países, el cual está previsto para ser revisado en 2026.
La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados solicita revisar el proyecto con el fin de proteger la "autonomía judicial", entre otras preocupaciones.
La organización Human Rights Watch expresó un argumento parecido, afirmando que la propuesta debilita la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas.
Los inversionistas también han manifestado preocupación por la reforma, argumentando que les preocupa que el próximo gobierno cuente con los recursos necesarios para aprobar leyes que puedan perjudicar a las empresas, disminuir la seguridad legal de las inversiones a largo plazo o incrementar la percepción de riesgo.
Por otro lado, los defensores sostienen que la reforma del sistema judicial es una forma de asegurar que Sheinbaum pueda gobernar sin los problemas legales que tuvo AMLO para hacer realidad su agenda progresista.
El presidente ha repetido en varias ocasiones que los tribunales se han convertido en un bastión de la oposición complaciendo a los más influyentes.
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Importancia De La Educación Para AMLO
Durante su periodo en el cargo, AMLO ha impulsado un importante proyecto de ideología izquierdista conocido como la 4T, la "Cuarta Transformación", que tiene como objetivo modificar los fundamentos de la sociedad mexicana, siguiendo el ejemplo de la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910, según lo ha expresado el gobierno en el poder.
En este escenario, la transformación de la justicia se presenta como una parte fundamental de su estrategia de cambio, que Claudia Sheinbaum tiene la intención de seguir adelante.
Para impulsar la Cuarta Transformación, AMLO ha afirmado que es necesario eliminar las estructuras de poder "corruptas" que han controlado durante años el destino del país, como por ejemplo el Poder Judicial.
Afirma que su meta es instaurar un estado de derecho auténtico y evitar que los jueces estén subordinados a los intereses de un sector minoritario.
El presidente ha tenido conflictos intensos con el Tribunal Supremo, después de que este le impidiera implementar cambios en el pasado, como por ejemplo, la reforma que buscaba aumentar la intervención del gobierno en el sector energético.
El gobierno considera que la reforma judicial es crucial para establecer las bases de futuras transformaciones en el país, por lo que la considera un pilar indispensable de su proyecto de transformación.
Antes de finalizar su mandato, el presidente cuenta con menos de un mes para aprovechar la mayoría obtenida en el nuevo período legislativo y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán fortalecer su legado antes del inicio de la próxima administración.
Opinión de Daniel Pardo, reportero de BBC Mundo destacado en México.
Para algunos, la democratización de la justicia puede interpretarse como la politización de la justicia para otros.
Independientemente del desenlace, es evidente que la motivación detrás de la reforma es de naturaleza política. En términos prácticos, busca disminuir la influencia de la Corte Suprema y su habilidad para obstaculizar las acciones del Poder Ejecutivo, el cual ha enfrentado obstáculos judiciales en varias de sus reformas durante el gobierno de AMLO.
A pesar de que en un inicio la reforma pueda ser vista como una manera de capitalizar la popularidad de Morena para obtener más poder, a largo plazo, si esta popularidad disminuye, podría resultar en su contra.
En dos naciones del hemisferio se lleva a cabo la elección de jueces a través del voto popular: en Estados Unidos, se realiza a nivel local únicamente, mientras que en Bolivia, la ausencia de voto y la protesta de la oposición han obstaculizado la verdadera democratización del sistema judicial.
Es ampliamente aceptado que se necesita reformar el sistema de justicia en México. Ha pasado mucho tiempo sin cambios significativos, y su nivel de impunidad es de los más altos. Además, arrastra vicios del antiguo sistema de partido único, lo que provoca que la población tenga poca comprensión y conocimiento de cómo funciona.
La selección de magistrados, por otro lado, solo tiene en cuenta las propuestas presentadas por el Gobierno. Es decir, de cierta forma, en la actualidad está politizada inherentemente.
En cualquier caso, los especialistas están de acuerdo en que la mayoría de los conflictos legales se encuentran en las fiscalías y en el sistema local, donde no se están implementando cambios.
Actualmente, la aprobación del proyecto se está realizando sin ningún obstáculo importante, aunque algunas personas están manifestando su desacuerdo de forma puntual. Esto demuestra la marcada división que existe entre el sistema convencional, tanto judicial como político, y las nuevas mayorías que apoyan al gobierno del presidente en México.
También es evidente que la oposición salió de las elecciones de junio muy dividida y sin una historia coherente que pudiera competir con el movimiento tan popular de Morena.
AMLO continuará ejerciendo su mandato con la misma intensidad que al inicio, generando opiniones encontradas en la población. La incógnita radica en cómo esto podría repercutir en su sucesora.
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