¿Qué dice la reforma judicial y qué sigue tras su aprobación en el Senado?

La modificación al sistema judicial presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido el visto bueno del Senado a menos de tres semanas de que termine su mandato. Tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, donde la mayoría calificada de Morena y sus aliados respaldaron la enmienda sin dificultades significativas, el proyecto de ley encontró mayor oposición en la Cámara alta, donde el gobierno necesitaba un solo voto más para lograr la mayoría.

Las presiones para lograr la aprobación de la reforma, que propone la elección mediante voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción del número de miembros de la Suprema Corte, así como la formación de un organismo de gestión judicial y un Tribunal de Disciplina, aumentaron durante la sesión del Senado. Las voces de la oposición denunciaron que sus colegas habían sido blanco de amenazas, chantajes e incluso arrestos por parte del oficialismo, en el marco de una campaña de coerción destinada a obtener el voto crucial para validar la propuesta.

Durante la reunión, un grupo de protestantes penetró en el pleno del legislativo para manifestarse en contra de la enmienda, lo que llevó a que la discusión se interrumpiera temporalmente y se trasladara a la antigua sede del Senado, conocida como la Casona de Xicoténcatl, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad. Unos minutos después de la medianoche, el voto de Miguel Ángel Yunes, el polémico senador del PAN señalado por corrupción y en conflicto con López Obrador durante varios años, fue el que faltaba para que el oficialismo pudiera aprobar la reforma judicial.

Aspectos Esenciales De La Reforma Judicial

El aspecto más controvertido del proyecto de ley se encuentra en la elección directa de más de 1,600 puestos en el ámbito judicial, que incluyen a ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Los comicios se realizarían de manera gradual en dos etapas: en 2025 se llevarían a cabo las elecciones para elegir tanto a los ministros de la Suprema Corte como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; mientras que en 2027 se completarían las elecciones para la otra mitad. La organización de estas elecciones estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de reforma busca también reducir a nueve el número de ministros que componen la Suprema Corte, que actualmente cuenta con 11 miembros. Según el documento, la presidencia se renovará cada dos años de manera rotativa, determinada por la cantidad de votos que obtenga cada candidato. Asimismo, los ministros elegidos ocuparán su puesto durante periodos de ocho, 11 o 14 años, dependiendo del número de votos que consigan: aquellos que reciban más votos mantendrán su posición por un tiempo más prolongado. Los ministros en ejercicio que no sean reelectos en 2025 no tendrán derecho a la pensión por jubilación, la cual incluye una pensión vitalicia que abarca aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma establece que ningún ministro, magistrado o juez podrá percibir un salario superior al del presidente.

En relación a los jueces y magistrados, la reforma propone un mandato de nueve años, con la posibilidad de un segundo periodo consecutivo. Para postularse a estas posiciones judiciales, se requiere contar con un título profesional en Derecho y un promedio de entre ocho y nueve en las asignaturas pertinentes, así como una experiencia mínima de cinco años en el ámbito jurídico. Además, los aspirantes deberán presentar ensayos y cinco cartas de recomendación de vecinos y colegas que avalen su capacidad para desempeñar el cargo.

¿Qué Pasa Con La Mayoría Del Bloque Oficialista?

El Consejo General del INE, involucrado en un debate sobre la distribución de los espacios plurinominales según la interpretación de la Constitución, aprobó a finales de agosto que Morena y sus aliados (el PT y el PVEM) posean el 73% de los asientos en la Cámara de Diputados (364 legisladores) para la legislatura que comenzó el 1 de septiembre de 2024. Después de recibir la aprobación del Tribunal Electoral y confirmar la asignación de los escaños en el Congreso, la reforma judicial fue ratificada sin complicaciones el pasado 3 de septiembre en San Lázaro. Tras conseguir el visto bueno en la cámara de origen, el proyecto de ley fue validado en el Senado en la madrugada del 11 de septiembre, gracias al apoyo del opositor Miguel Ángel Yunes Márquez.

Una vez que la enmienda constitucional ha sido aprobada por ambas cámaras, el siguiente paso consiste en su ratificación en al menos 17 legislaturas estatales. Esta tarea es un mero formalismo para Morena, que actualmente tiene el control en 24 estados del país después de las elecciones del 2 de junio.

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