El salario mínimo catalán vive su enésimo tropiezo y se cae de los presupuestos del Govern
A pesar de que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, propuso hace cuatro años establecer un salario mínimo superior al del resto de España, este todavía no se ha materializado para los trabajadores catalanes. Ni la Generalitat, ni las patronales ni los sindicatos más representativos han sido capaces de desbloquear la cuestión, que se encuentra dentro del acuerdo de mínimos para los presupuestos de 2024 recién firmado en el Palau de la Generalitat. La propuesta oficial del salario mínimo catalán es de 1.371 euros brutos al mes, repartidos en 14 pagas.
Según todas las fuentes presentes en las negociaciones de Palau, se consideró la posibilidad de establecer un salario mínimo de referencia en Catalunya hasta el día anterior al acuerdo. Aunque hubo un acercamiento entre las partes para llegar a un consenso mínimo, que permitiera a la Generalitat llevar a cabo un estudio sobre el impacto presupuestario de la medida, finalmente la propuesta no se concretó.
En el año 2019, Pere Aragonès, quien era vicepresidente de la Generalitat, implementó una propuesta llamada Salario Mínimo de Referencia de Cataluña (SMR). Esta iniciativa recuperó una lucha histórica de la izquierda soberanista, la cual buscaba establecer un salario único en Cataluña.
Dado que no tiene capacidad para legislar, el Govern necesita el acuerdo y la colaboración de los agentes sociales para establecer un salario mínimo en Cataluña. La idea es que ninguna persona pueda percibir una remuneración inferior porque las empresas y los sindicatos lo acepten y decidan pagar más. Sin embargo, hasta el momento se ha producido un bloqueo al diálogo y en ningún convenio laboral actual se menciona el salario mínimo catalán. El fracaso en las negociaciones recientes pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa el diálogo social en Cataluña, incapaz de alcanzar acuerdos importantes y vinculantes.
Investigación Ambigua En Foco
La Generalitat proporcionó a los agentes sociales la última referencia oficial sobre el salario mínimo en Cataluña, que indicaba que debía ser de 1.319 euros brutos al mes (en 14 pagas) y se basó en el 60% del salario medio en la región. En la actualidad, el salario de referencia según la metodología del departamento de Economía sería de alrededor de 1.371 euros (en 14 pagas). Vale la pena destacar que el salario mínimo interprofesional (SMI), que se aplica en todo el país, es de 1.080 euros.
Se busca que el sueldo mínimo en Cataluña alcance los 1.370 euros, en contraste con los 1.080 euros del salario mínimo interprofesional en España.
El 24 de noviembre, el Gobierno convocó a patronales y sindicatos para iniciar un acuerdo mínimo sobre los presupuestos de la Generalitat para el año 2024. El documento finalmente incluyó compromisos por parte del Gobierno como la reducción de las ratios de alumnos en la educación obligatoria a menos de 24 por aula, el aumento salarial del personal del transporte sanitario o la creación de un fondo público de 100 millones de euros para invertir en empresas estratégicas, entre otros. ERC utiliza esta reunión con los agentes económicos como una forma de presionar al resto de partidos políticos para que apoyen sus cuentas públicas, dado que su legitimidad proviene del diálogo social.
En la primera reunión, los sindicatos presentaron en conjunto su propuesta de implementar un salario mínimo en Cataluña. Las organizaciones sindicales coinciden en que existe una problemática "seria" en cuanto a los salarios en Cataluña y que un acuerdo como este contribuiría a mejorar las condiciones de aquellos trabajadores que están en una situación económica más precaria. Al parecer, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, cuatro de cada diez ciudadanos catalanes perciben menos de 1.531 euros brutos mensuales (en 14 pagas).
Diferencias Entre El Govern Y Su Interior
La determinación de un salario mínimo en Cataluña ha resultado ser un tema complicado para las empresas, quienes no quieren hacer compromisos que aumenten sus gastos de personal. Actualmente están en disputa con los sindicatos en convenios colectivos que tienen salarios por debajo del salario mínimo permitido por la ley.
Pimec está a favor de establecer un salario mínimo catalán de referencia para fortalecer la autonomía en las relaciones laborales en Cataluña. No obstante, pone en duda la estrategia del gobierno y sugiere que la base debería ser el 60% del salario mediano, en lugar del salario medio.
Por otro lado, Foment del Treball rechaza el uso de este concepto, ya que lo considera una ruptura de la unidad del mercado con el resto de España. Esta postura está en línea con su oposición a la prioridad de los convenios colectivos catalanes sobre los estatales, lo que llevó a la ruptura de las negociaciones del Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). Por primera vez en décadas, los actores sociales no lograron un acuerdo sobre este tema.
A pesar de que las dudas también afectan a la Generalitat. Esto se debe a que los grupos sociales piden al Gobierno que, al menos, siga su propio ejemplo y asegure que las licitaciones de contratos públicos contengan los recursos necesarios para que las empresas contratadas tengan el presupuesto suficiente para pagar el salario mínimo recomendado.
Según fuentes informadas, las conselleries de Empresa i Treball (Roger Torrent) y de Economía (Natàlia Mas) tienen opiniones diferentes en este asunto. La primera quiere impulsar el concepto de SMR desde lo público, mientras que la segunda, encargada de financiarlo, no comparte la misma pasión. Es curioso que Natàlia Mas haya trabajado en el primer informe sobre el salario mínimo de referencia en 2019 cuando era Directora General de Análisis y Prospectiva Económica.
Según la conselleria de Empresa, es necesario que los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre la trayectoria que debería seguir el SMR en el contexto de las negociaciones colectivas, a fin de abordar este asunto.
Rechazo Al Informe De Impacto En Ambiente
La Generalitat se esforzó por encontrar un equilibrio entre las partes interesadas tanto a nivel interno como externo en relación a este tema. Con el fin de ganar tiempo, se encargó un estudio para determinar los costes públicos y privados de la implementación del SMR. Sin embargo, la unidad sindical no logró llegar a un acuerdo sobre qué hacer con los resultados de dicho estudio, según varias fuentes consultadas.
El sindicato CCOO exigió que el acuerdo incluyera tanto el informe de impacto como las posibles consecuencias. El sindicato UGT, a pesar de querer llegar a un acuerdo, solo aceptó concretar el estudio. Ante la decisión de las empresas de no avanzar más en el tema, el gobierno decidió dejar de lado la cuestión para poder aprobar el presupuesto general. Así, una vez más, el salario mínimo catalán se encuentra en un punto muerto, sin saber cuándo se implementará de manera efectiva.
