FGR vincula a dos ex funcionarios del SAT por desviar 172 mdp
El SAT tiene la capacidad de informar al buró de crédito si un individuo mantiene una deuda relacionada con su declaración anual. (REUTERS/Henry Romero).
Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), anunció la imputación de dos exfuncionarios por supuestos delitos relacionados con la gestión pública, a quienes se les atribuye un desfalco cercano a los 172 millones de pesos.
De acuerdo con lo indicado, las autoridades mencionadas anticipan una posible responsabilidad de los dos ex administradores por intento de fraude, uso de documentos falsificados y por la comisión de una infracción administrativa o tributaria relacionada con el servicio público. Por esta razón, un juez federal ha ordenado vincular a proceso a las personas implicadas; a continuación, se presentan los detalles.
Mediante un anuncio difundido el 25 de noviembre, ambas entidades dieron a conocer una colaboración conjunta destinada a identificar irregularidades y actos de corrupción que se presentan dentro del organismo descentralizado de la SHCP, así como la implicación de funcionarios públicos en la perpetración de delitos.
Por esta razón, se ha anunciado el inicio del proceso legal contra dos exfuncionarios del SAT, identificados como Leopoldo Carrillo Werring, quien fue Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén Durán Miranda, quien se desempeñó como Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal.
Según los datos proporcionados por la Fiscalía, las autoridades implementaron de forma eficaz la política de ‘cero tolerancia a la corrupción’. Por lo tanto, la implicación de las personas mencionadas indicó una sospecha de la realización de delitos contra la administración pública, la utilización de documentos falsificados y el desempeño ilegal del servicio público. Asimismo, ambos ex funcionarios fueron señalados por aprovechar su cargo como servidores públicos para perjudicar al fisco federal, con un monto cercano a los 172 millones de pesos.
En el informe divulgado, ambas entidades decidieron llevar a juicio a los antiguos funcionarios públicos que prestaron servicios en el SAT entre 2012 y 2018, lo que implica que estos individuos trabajaron durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto. Según la institución fiscal, los implicados estuvieron involucrados en la firma de Acuerdos Reparatorios sin tener la autoridad necesaria para realizar tal acción.
Hasta ahora, el SAT y la FGR no han aclarado los pormenores sobre las medidas cautelares que se aplicaron a los ex funcionarios públicos. Sin embargo, los presuntos delitos que se les atribuyen no justifican la imposición de una prisión preventiva de manera automática.
