La Jornada: En desacato al INAI, el SAT clasifica cinco años casos de corrupción

El diario La Jornada del 12 de febrero de 2024, página 21.

Durante un lapso de cinco años, el SAT ha decidido mantener en reserva los datos asociados a las denuncias que involucran a funcionarios públicos, las cuales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República. Para mayor discreción, los nombres de los acusados también se han etiquetado como información confidencial. Es importante destacar, que tales medidas de privacidad contrastan con lo previamente resuelto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en octubre del año 2022.

Durante el período que comprende desde diciembre de 2018 hasta finales de 2023, se registraron 47 informes presentados por el organismo ante el Ministerio Público en el que se involucraron a 81 miembros que ostentaban cargos públicos, acusándolos de diferentes delitos, entre los que se mencionan la utilización ilegal de sus atribuciones y facultades, la violación de la autoridad, el soborno, la supuesta actividad ilícita en el desempeño de sus funciones, el enriquecimiento indebido, la recepción indebida de remuneraciones y el tráfico de influencias.

Algunos de estos datos ya se conocían: tanto el SAT como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habían proporcionado información sobre el número de casos de corrupción notificados por el organismo, aunque las cifras presentadas diferían (bit.ly/3Uwf779, bit.ly/4bzGAuL). A través de solicitudes de información, se ha revelado a este medio los cargos de cada persona denunciada, aunque se omitieron sus nombres, a pesar de que el INAI ya había resuelto ese asunto.

El pleno del INAI decidió en octubre de 2022 que el organismo debía hacer públicas las denuncias por actos de corrupción presentadas contra su personal, así como la información correspondiente a los ceses que ocurrieron. Esto se alinea con lo expresado por la ex titular del SAT, Raquel Buenrostro, en octubre de 2021 en una reunión con los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión del INAI se determinó que las denuncias relacionadas con actos de corrupción no pueden ser tratadas como información reservada según la Ley Federal de Transparencia. Por lo tanto, el SAT debe proporcionar detalles específicos sobre cada caso, incluyendo la fecha de la denuncia, nombre y cargo de las personas denunciadas, el delito, la causa que motivó la denuncia, el monto del daño patrimonial o los fondos afectados, el estado actual de la denuncia y el estatus jurídico de cualquier persona detenida en relación al caso.

Durante la reunión del INAI, se destacó que como funcionarios públicos implicados, hay una clara repercusión en el bienestar colectivo, especialmente en relación a las labores del SAT que se encargan de la recaudación de impuestos. Este perjuicio no solo afecta a la organización mencionada, sino que afecta a la sociedad mexicana en su totalidad.

Cuando se preguntó sobre los empleados del gobierno mexicano del área tributaria que han sido presentados ante la FGR, el SAT decidió guardar la información por 5 años. Justificaron este acto al mencionar que el objetivo es preservar la información en las carpetas de investigación. Sin embargo, revelaron que las denuncias han sido presentadas en contra de empleados de distintos niveles, como administradores, auditores, encargados de manejar perros, analistas, entre otros.

Añadió que hasta ahora se ha confirmado una afectación económica al gobierno de 3 millones 938 mil pesos en dos situaciones, y de 119 mil 250 dólares en otra de las 47 acusaciones.

No obstante, el SAT ha excluido nombres incluso en carpetas que ya se han finalizado y en las cuales ya se ha emitido una sentencia. Lo anterior es contrario a lo que el INAI ha establecido, es decir, que en todo acto donde se detecte el uso indebido de recursos públicos, el derecho de acceso a la información debe ser protegido.