Brigadas de ingenieros y protocolos de actuación ante sismos - Mundo Ejecutivo
Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, el Colegio de Ingenieros Civiles de México se movilizó de inmediato y formó 35 brigadas con más…
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Colegio de Ingenieros Civiles de México se movilizó rápidamente y estableció 35 brigadas compuestas por más de 700 voluntarios, incluyendo ingenieros, arquitectos y estudiantes, para llevar a cabo la evaluación de edificios. Como resultado, se inspeccionaron aproximadamente 2,500 estructuras en la Ciudad de México.
El Colegio ha mantenido el impulso de la experiencia, el saber y el aprendizaje adquirido, al mismo tiempo que ha estado involucrado en los progresos de la ingeniería sísmica y estructural. Este miércoles, se llevó a cabo la presentación del Protocolo de Actuación Post-Sísmica y de las Brigadas de Inspección del CICM.
El objetivo del Protocolo y de las brigadas es colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México en la realización de inspecciones rápidas de inmuebles residenciales que hayan sufrido daños a causa de un fuerte sismo. A partir de estas evaluaciones, se recomendará si un edificio es apto o no para ser habitado.
"A pesar de que la alerta sísmica es una herramienta esencial, la reacción organizada y lista de la ciudadanía es crucial para reducir los riesgos", dijo Mauricio Jessurun Solomou, presidente del Consejo Directivo de la conocida como La Casa de la Ingeniería Civil. "Tras un sismo, las acciones deben abarcar atención inmediata a emergencias médicas y asistencia, así como medidas estratégicas, como la evaluación de la seguridad de los edificios", destacó.
En todas las actividades establecidas en el Protocolo, podrán unirse de manera voluntaria y sin pago ingenieros, arquitectos y estudiantes, quienes recibirán formación previa en seguridad estructural. Esto es especialmente importante para unificar criterios y para formar brigadas de cinco miembros cada una.
Se extiende una invitación a profesionales y expertos en estructuras, así como a ingenieros civiles y arquitectos, para unirse a las brigadas registrándose en la plataforma.
El Protocolo es flexible, lo que significa que, a medida que se adquiera más experiencia en el futuro, se harán las modificaciones necesarias para optimizar su eficacia y estar más preparados. No sabemos cuándo ni con qué intensidad sucederá, pero es un hecho que habrá temblores nuevamente.
La Guardia Nacional Siempre Fue Parte De Sedena
Este jueves comienza en la Cámara de Diputados el debate sobre la reforma que colocará a la Guardia Nacional bajo control militar. Esto ocurre después de que en abril del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que la reforma aprobada en ese momento era inconstitucional, argumentando que la Constitución establece que su naturaleza es civil.
La verdad es que, desde su establecimiento sin reforma constitucional, luego con reformas y tras un fallo desfavorable de la Suprema Corte, en la práctica, la Guardia Nacional ha estado bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con líderes militares asignados a la Guardia y un director que es un militar retirado, las fuerzas armadas nunca han relinquished el control sobre esta institución de seguridad pública federal que se formó hace cinco años.
Es altamente probable que esta reforma avance con menos dificultades, e incluso no sería sorprendente que reciba el apoyo de algunos miembros de la oposición, tal como ocurrió anteriormente con integrantes del PRI. Además, cuando la propuesta llegue al Senado, podría darse la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes encuentre también una disposición favorable hacia la reforma y ofrezca su respaldo desde el PAN (lo decimos en términos formales).
Esta reforma tiene como objetivo alinear la realidad con la normativa vigente. La Guardia Nacional representa el último intento de un país que, desde la creación de la Policía Federal Preventiva por Ernesto Zedillo, ha buscado, en cada administración, innovar con nuevas instituciones de seguridad pública, sin reconocer que la ausencia de continuidad es el principal fallo en el manejo de la seguridad pública durante los últimos 30 años.
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