La Suprema Corte valida la reforma judicial: México elegirá a sus jueces por voto popular

A partir del próximo año, México elegirá a todos sus jueces por medio de votación popular. Esto abarca miles de puestos en el ámbito judicial tanto a nivel federal como estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado de manera definitiva cualquier opción de modificar la reforma judicial impulsada por el gobierno, bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum en la presidencia. Un proyecto de resolución proponía reducir el número de cargos judiciales que se elegirían en las elecciones, pero fue desestimado este martes en una sesión del pleno de la Corte. Esta determinación pone fin a varios meses de tensión entre los jueces y el partido Morena, que tiene el control del poder ejecutivo y domina ampliamente el Congreso. La Suprema Corte necesitaba al menos ocho votos para aprobar la propuesta que limitaba la reforma y protegía el futuro de miles de jueces. No obstante, el oficialismo recibió de manera sorpresiva el respaldo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien esta vez no se unió al grupo mayoritario. Esta resolución representa un paso hacia lo desconocido, ya que ningún país de la magnitud de México elige a todos sus jueces a través del sufragio.

Cerca de 1,700 puestos judiciales a nivel federal deberán ser elegidos en las urnas en dos elecciones, una programada para 2025 y otra para 2027. Se elegirán jueces de distrito, magistrados de circuito, miembros del Tribunal Electoral, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y ministros de la Suprema Corte. Asimismo, los 32 estados de la República también llevarán a cabo elecciones populares para sus propios judiciales locales en dos eventos electorales. Los ciudadanos mexicanos deberán seleccionar entre miles de postulantes a jueces en diversas áreas judiciales, abarcando desde asuntos de justicia familiar hasta especialidades en temas mercantiles y de telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará encargado de coordinar estos innovadores y complicados procesos, ha previsto un gasto público de al menos 13,200 millones de pesos (aproximadamente 656 millones de dólares) únicamente para la elección del próximo año. Esta reforma judicial fue promovida por el gobierno, argumentando que el sistema judicial estaba sumido en la corrupción y los privilegios, y que era crucial llevar a cabo una renovación rápida y efectiva.

El proyecto que fue desestimado este martes por la Corte, el cual fue diseñado por el ministro Juan Luis González Alcántara, sugería que únicamente se llevara a cabo la votación para los jueces de la alta jerarquía judicial —los ministros del Supremo y los magistrados electorales y de disciplina—, mientras que los jueces de distrito y los magistrados de circuito continuarían sujetos a los ascensos progresivos establecidos en la carrera judicial, vigente en México desde hace treinta años. Además, el proyecto indicaba que resultaba inapropiado imponer, a través de la Constitución federal, un modelo o directriz a los Estados —que son autónomos y soberanos— para organizar sus poderes judiciales.

Los ministros se sumergieron en un extenso debate técnico sobre la capacidad de la Suprema Corte para examinar y, en su caso, anular reformas a la Constitución. La propuesta de fallo, que al final fue respaldada por siete de los once ministros, argumentaba que efectivamente tiene esa facultad. El máximo tribunal en México actúa como un ente constitucional y, por tanto, puede anular leyes generales que vayan en contra del texto de la Constitución. En el proyecto de Alcántara se afirmaba que la Constitución consiste en un conjunto de normas generales y que, en ciertos casos, las modificaciones que se le realicen desde el Legislativo pueden ser objeto de revisión a través de la acción de inconstitucionalidad, el mecanismo que utilizaron los partidos de oposición para impugnar la reforma propiciada por el gobierno.

Además, el ministro Alcántara señalaba que la modificación judicial choca con los principios esenciales —o "pétreos"— que constituyen a México como una república federal y democrática, donde el poder se distribuye entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su propuesta subrayaba que la autonomía del Poder Judicial, un requisito indispensable en toda democracia, depende de garantías fundamentales que la reforma impulsada por Morena ha eliminado de la Constitución: la estabilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado para ascensos, la prohibición de despidos injustificados y la irreducibilidad de los salarios.

La minoría de la Suprema Corte de Justicia desacreditó esta interpretación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, alineadas con el gobierno, sostienen que únicamente el Congreso tiene la facultad de modificar la Constitución y que el Tribunal Supremo no puede anular enmiendas. Esta posición refleja el discurso del partido en el poder, Morena. La presidenta Sheinbaum y los líderes de la agrupación política han señalado que la reforma judicial responde auténticamente a los deseos de la ciudadanía, criticando a la Corte por intentar "estar por encima del pueblo de México", según expresó la mandataria.

De manera inesperada, al grupo de ministras del oficialismo se ha unido en el último momento el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha expresado que no es posible revisar el contenido de las reformas constitucionales a través del recurso presentado por la oposición. “No soy indiferente a las repercusiones que traerá consigo la reforma constitucional cuestionada, especialmente en el ámbito de la seguridad jurídica, en lo que respecta a la separación de poderes y en los principios de la independencia judicial”, ha comentado el jurista. “Tampoco ignoro las consecuencias que tendrá en la vida personal de los jueces, así como el impacto directo que sufrirá miles de personas, quienes, al llevarse a cabo dichas reformas, verán frustrados sus esfuerzos por mejorar y su compromiso con una nación más equitativa. Por supuesto que tengo conciencia de ello, incluso me afecta de manera personal: a mí también me impacta. Sin embargo, defiendo que hay otras alternativas que pueden proteger esos deseos”, ha afirmado.

Con el apoyo de Pérez Dayán, el Supremo decidió rechazar el recurso de la oposición con cuatro votos a favor y siete en contra. Los ministros ni siquiera analizaron en profundidad el proyecto de Alcántara. No habrá otra oportunidad para impugnar la reforma judicial en el futuro. Recientemente, el oficialismo aprobó de manera urgente una nueva enmienda que establece que las normas de la Constitución no pueden ser impugnadas judicialmente. Esto constituye un blindaje total. Representantes de partidos opositores han denunciado que el Gobierno presionó al ministro Pérez Dayán para que respaldara su voto. No existen pruebas que respalden esta afirmación. A partir de hoy, se presenta una nueva realidad institucional para la que nadie en México está preparado.