CJF abre pesquisa contra gestión de Arturo Zaldívar | El Universal
Se está llevando a cabo una investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de sus antiguos colaboradores más cercanos, con respecto a una supuesta interferencia en la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Se les acusa de haber presionado, amenazado, extorsionado y ofrecido beneficios económicos y políticos a jueces y magistrados con el fin de resolver casos a favor de intereses personales y de terceros durante los años 2019-2022.
A raíz de una denuncia anónima presentada el 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación adecuada en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF. Se han dado amplias facultades a la unidad para recopilar pruebas relevantes a fin de determinar responsabilidades administrativas. Sin embargo, en el caso del ex titular de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal no está facultado para investigar y, en consecuencia, sancionar los hechos señalados.
Durante su periodo como jefe del CJF desde 2019 hasta 2022, se sospecha que Zaldívar Lelo de Larrea se habría coludido con el anterior consejero jurídico del gobierno federal, Julio Scherer Ibarra, para amenazar la independencia del PJF y de los jueces y magistrados.
La acusación en el registro 2687 sostiene que el líder de la Corte sometió a jueces y magistrados mediante su antiguo secretario general de la presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el fin de que tomaran decisiones que favorecieran sus objetivos. Para ello, se ofrecieron recompensas políticas, económicas, nombramientos ventajosos, confirmación en su puesto y hasta dinero.
Según el documento, se identificaron ciertas áreas del Consejo que se utilizaron para presionar a los jueces y magistrados. En particular, se menciona que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que en ese momento estaba encabezada por el magistrado Jaime Santana Turral, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial, liderada por Arely Gómez González, fueron las más utilizadas para llevar a cabo estas presiones. Los métodos empleados consistían en amenazar a los titulares con declararlos culpables de responsabilidades administrativas, utilizando quejas ya existentes o inventando algunas nuevas.
Además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló que la investigación en contra de la ministra Margarita Ríos-Farjat por una denuncia anónima podría tratarse de una "revancha" en su contra por parte de aquellos que se oponen a la llamada "cuarta transformación".
Se acusa a Alpízar Salazar de diversas faltas graves, como corrupción, extorsión, malversación de fondos, abuso sexual y discriminación de género, hostigamiento a jueces y magistrados, y sometimiento a un poder que no es el Judicial federal. Supuestamente, se colocó bajo las órdenes de Scherer Ibarra, lo que le permitió obtener enormes sumas de dinero y beneficios políticos.
La denuncia señala que un exfuncionario llevaba a cabo un "sistema corrupto" en el que citaba a jueces y magistrados federales en el piso 14 del edificio principal del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en la Ciudad de México, para presionarlos y obligarlos a resolver casos en favor del Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas presiones incluían ofertas de beneficios políticos y económicos, así como amenazas o extorsiones sobre su futuro laboral si tomaban decisiones en contra de este poder gubernamental.
El texto indica que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, quienes atendieron las objeciones a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, han sido objeto de diversas presiones por parte del Poder Ejecutivo y el exministro Zaldívar. Tales presiones incluyen la amenaza de acciones penales y administrativas en su contra, así como investigaciones sobre sus finanzas.
La denuncia indica que Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, quienes tenían a su cargo los casos del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del proyecto de Texcoco, fueron contactados vía telefónica por Zaldívar y Carlos Alpízar para intimidarlos. Además, se acusa a Edgar Manuel Bonilla del Ángel de realizar actividades delictivas en su puesto como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, pues utilizaba la institución con fines propios.
Se acusa a Netzaí Sandoval Ballesteros, quien anteriormente ocupó el cargo de director del Instituto Federal de la Defensoría Pública y es hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de forzar a los defensores y asesores a actuar en beneficio propio.
Asimismo, el actual responsable de la comisión de la ministra Lenia Batres ha prohibido a los impulsores de causas legales de protección contra la falta de atención médica por Covid, a fin de evitar que se aumente el número de casos en las estadísticas gubernamentales.
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