Las claves (y los nombres) de la denuncia anónima contra Zaldívar y cercanos
Un reporte anónimo revelado el pasado viernes señaló que desde el piso número 14 de las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la Ciudad de México, se llevaba a cabo un centro para ejercer influencia sobre los jueces y magistrados federales encargados de casos relevantes para el Poder Ejecutivo, bajo la dirección del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador.
Una denuncia anónima presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusa al ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y a sus ex colaboradores cercanos, Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, de orquestar reuniones con magistrados, jueces e incluso secretarios judiciales en el piso 14 con el objetivo de presionarlos o exigirles que tomen decisiones en una dirección específica. Se afirma que Alpízar Salazar trabajó en colaboración con el exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
Por su parte, según la denuncia registrada bajo el número de investigación J/108/2024, les ofrecían ventajas a nivel político y financiero o los intimidaban o coaccionaban con posibles castigos administrativos.
En concreto, se señala que los magistrados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, a cargo de los casos que impugnan la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, supuestamente sufrieron diversas presiones por parte del Poder Ejecutivo y del exministro Arturo Zaldívar. Estas presiones incluirían la posibilidad de iniciarles procesos judiciales y administrativos, así como investigar sus cuentas financieras.
Según la denuncia, los jueces Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, encargados de los asuntos relacionados con el Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del proyecto de Texcoco, respectivamente, fueron amenazados por Zaldívar y Carlos Alpízar a través de una llamada telefónica.
La ministra Piña ha solicitado una investigación sobre los excolaboradores de Arturo Zaldívar después de recibir una denuncia anónima.
Según la denuncia, el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue convocado en la Ciudad de México y presionado a través de amenazas para que tomara decisiones en beneficio de la presidencia de la República, solicitándole que no otorgara más suspensiones para las construcciones del Tren Maya.
Cristina Porras, una jueza, fue sometida a presión para que fallara en un caso específico a favor de los intereses del gobierno en ese momento. Al negarse, personas como Jaime Santana, Carlos Alpízar y Arturo Guerrero le hicieron la vida difícil.
Según el informe, Sandra Robledo Magaña fue convocada al decimocuarto piso del edificio principal del Consejo de la Judicatura Federal, donde Carlos Alpízar le instruyó a que negara el asunto. Sin embargo, ella simplemente le aseguró que se resolvería conforme a las leyes.
También puedes leer que el ministro Arturo Zaldívar siente que hay una "revancha contra la 4T" debido a la investigación de la ministra Piña por una denuncia anónima.
El Tribunal de Amparo en Toluca fue informado de un caso de fraude millonario en el que estaban involucrados altos cargos del Infonavit y personas particulares. El Juez Adrián Rivera fue llamado al piso 14 para ordenar que se resolviera en favor de los intereses de los acusados. Posteriormente, el Magistrado José Nieves Luna Castro fue amenazado.
El exministro Zaldívar pedía audiencia a los jueces y magistrados expertos en temas de telecomunicaciones para brindarles guías que pudieran aplicar al momento de resolver dichos casos.
Se instituyeron cortes y tribunales parciales.
Claudia Sheinbaum criticó a la Corte Suprema por investigar a excolaboradores de Zaldívar, argumentando que esto no debe ser visto como una persecución política.
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